Ligas de Risaralda no deben olvidar el derecho constitucional al deporte

El escándalo que sacude a la Liga Risaraldense de Gimnasia y a varios de sus exintegrantes genera profundos diálogos que el sector deporte no quiere poner sobre la mesa, existe una especie de negación interna por abordar con escrutinio los hilos del conflicto.

Hilo 1

En la última década la Liga Risaraldense de Gimnasia se transformó en un modelo a seguir para las demás ligas deportivas del departamento. El trabajo aparentemente pulcro de William Cano Gil como presidente del organismo deportivo, permitió entender al ecosistema departamental que era posible convertir a las entidades, en organismos sostenibles con un trabajo estructurado, serio y riguroso.

Cano Gil, fue contratado e invitado en diferentes oportunidades para ofrecer capacitaciones a la dirigencia deportiva sobre cómo estructurar un modelo de negocio. Luz en medio de una incesante oscuridad financiera de estos organismos que se rigen bajo el derecho privado; pero que en su mayoría no encuentran cómo hacer sustentable al deporte, vulnerabilidad argumentada en la escasa cualificación de sus dirigentes.

El exdirector ejecutivo compartía en sus charlas sobre cómo convertía cada espacio en la sede de la Liga Risaraldense de Gimnasia en unidades de negocio, generando un aparente bienestar entre los usuarios, y aprovechando los recursos económicos para el fortalecimiento del organismo.

Bien, todo el contexto gira alrededor de una situación deseada. Lo que rompe los esquemas es justamente que ese bienestar no era del todo cierto, como lo relatan las voces y denuncias recogidas a familias por varios medios de comunicación, entre ellos Deporte Cafetero.

Si bien no existe delito alguno en querer asumir un costo elevado por un servicio prestado, es necesario que las ligas como entidades que se rigen bajo el derecho privado, y de manera constante están promoviendo el mensaje de la práctica del deporte con una perspectiva social, entiendan que la práctica deportiva es un derecho consagrado constitucionalmente en el Artículo 52.

«Se reconoce el derecho de todas las personas a la recreación, a la práctica del deporte y al aprovechamiento del tiempo libre. El Estado fomentará estas actividades e inspeccionará las organizaciones deportivas cuya estructura y propiedad deberán ser democráticas”.

Es responsabilidad de cada dirigente deportivo identificar hasta dónde un cobro excesivo en los servicios prestados, viola un derecho fundamental para los niños, niñas, adolescentes y jóvenes.

Se dispersa la lógica cuando desde una Liga que genuinamente está llamada a impulsar el deporte, se estructuran estas brechas económicas exageradas, alejando a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de explorar la disciplina.

En el mismo razonamiento, como el deporte es un derecho fundamental, también lo es el derecho al trabajo digno consagrado en el Artículo 25 de la Constitución. Tanto los dirigentes, como los entrenadores y profesionales en áreas afines constitucionalmente deben gozar de estas garantías.

Para garantizar derechos laborales, deben cobrar la prestación de un servicio eficiente. Ofrecerlo gratuitamente solo corresponde a intereses del Estado, por eso el Estado es el principal actor llamado a cumplir con el Artículo 52, y los organismos del deporte asociado, ser aliados en ese camino, sin entorpecerlo.

«El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus modalidades, de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas.

Esto desprende responsabilidades que ponderan un amplio sentido social por cada una de las partes, en ese sano propósito de encontrar un punto que coincida con los intereses de uno y otro lado, sin violar derechos fundamentales.

Hilo 2

Las denuncias por presuntos casos de abuso sexual son más recurrentes de lo que parece. Lo doblemente crudo es que los organismos no tienen protocolos de atención interna, estos ni siquiera son exigidos por entidades públicas. Esto transforma al mundo del deporte en un espacio sumamente vulnerable para absolutamente todos los actores. Desde la niña que sufre un acoso sexual, hasta el mismo entrenador que es víctima de calumnia por no acceder a pretensiones deportivas de sus dirigidos.

Hoy Risaralda no tiene una línea de acción que permita un fortalecimiento institucional en el área. El ejercicio de prevención más sonado, provino desde el Ministerio del Deporte en el período pasado. Dejándole la tarea a terceros sobre la prevención y acción en casos de acoso sexual, bullying, acoso laboral, calumnia y violencias basadas en género.

La Alcaldía de Pereira y la Gobernación de Risaralda deben incluir a personal profesional y especializado directo que aborde desde la prevención y la acción este tipo de situaciones en el deporte. La morosidad en el trabajo articulado y decidido es evidente.

Hilo 3

Cada año sigue creciendo el silencio en el sector deporte en Risaralda. Maniobras políticas y administrativas, están presionando para que actores guarden silencio frente a temas coyunturales y de interés colectivo.

En el reciente período se evidenció una constante maleabilidad en el sector de las ligas, que en su mayoría, fueron dirigidas por actores políticos desde la Alcaldía de Pereira.

Risaralda no puede ceder terreno frente al silencio. Es fundamental reconocer que el sector deporte en Risaralda es uno de los más dinámicos de Colombia, especialmente de la región Andina del país. Permitir pactos de silencio es contravenir el desarrollo impulsado que ha llevado al departamento a peldaños impensados en la historia.

La quinta potencia deportiva de Colombia, no se puede permitir silenciar a sus líderes, si hay algo que ha promovido el desarrollo es el diálogo transparente y directo en la construcción de estrategias sólidas, perdurables en el tiempo.

Fotografía: Semilleros Deportivos