Se enredó el cuento en el fútbol de salón en Risaralda

La Liga Risaraldense de Fútbol de Salón no respondió derecho de petición enviado por este medio, en una situación donde su presidente, Amed Parra Castro, es señalado de corrupción.
Contexto
La Selección Risaralda de fútbol de salón, categoría sub 23 se quedó con el título nacional en el Espinal, Tolima en el 2024; logro que llevó a sus deportistas a recibir incentivos por parte del gobernador Juan Diego Patiño Ochoa, además de tener el derecho a ingresar al programa Deportista Apoyado para el 2025.
Todo parecía normal hasta que uno de los jugadores se comunicó a través de medios sociales con las autoridades departamentales, lo hizo denunciando presuntas presiones por parte de Amed Parra Castro presidente de esta liga, para entregar el monto de $ 300.000 por acceder al programa Deportista Apoyado, el mismo que es gratuito y hace parte de la oferta de la Secretaría de Deporte, Recreación y Cultura de Risaralda.
A esta denuncia se sumaron otros salonistas, lo que encendió las alarmas de inmediato en el despacho departamental. Se convocó a una reunión con el equipo jurídico y la decisión de los deportistas fue llevar el caso a la Fiscalía y ante el Ministerio del Deporte.
Una vez la Gobernación de Risaralda alertó públicamente sobre las denuncias, varios fueron los medios de comunicación que difundieron la situación interna en el organismo deportivo. Desde dicha entidad hubo gestos para coartar la libertad de prensa.
Solicitud de información
Deporte Cafetero conoció que efectivamente la denuncia de los deportistas llegó hasta la Fiscalía seccional Risaralda y a Inspección, Vigilancia y Control del Ministerio del Deporte.
Tras estos sucesos confirmados donde la denuncia escaló a tal punto, este medio de comunicación realizó una publicación donde se pedía la renuncia del presidente de la liga mientras se adelantaba el proceso de investigación e indagación, solicitud que se hizo teniendo como base la premisa de que se es inocente hasta que se demuestre lo contrario.
Esta publicación y otras de otros medios, generaron malestar en el denunciado y su familia. En ese malestar se enredó más el asunto para el presidente, pues un familiar suyo se comunicó con el director de este espacio afirmando que la solicitud del dinero se debió al mantenimiento de la cancha ubicada en la sede de la liga, explicando que dichos recursos tenía fines justificados. “El no se va a volver rico con $ 900.000, ese dinero no hace rico a nadie” apuntó Julieta Castro vía telefónica.
Siendo consecuentes con las afirmaciones de la familiar del dirigente deportivo, y priorizando el marco legal, se envió derecho de petición a la entidad, donde se solicitó copias de las facturas, algún tipo de soporte sobre dicho mantenimiento.

El derecho de petición fue enviado el 07 de abril y hasta el 27 de mayo no se ha dado respuesta formal, frente a un suceso que enloda a un dirigente deportivo en el departamento.
Lo que llama la atención es que Parra Castro evitó dar declaraciones cuando fue consultado en referencia a las denuncias. Quien sí salió al paso fue su madre Julieta Castro, en una defensa que fue interpretada como un gesto de coartar al libertad de prensa, pues no solo quiso dejar en limpio a su hijo, sino que aludió a tratos preferenciales de la Gobernación de Risaralda con los periodistas en la época de pandemia.
Estas respuestas de Julieta Castro han generado inconformidad entre los periodistas quienes llevan la cronología del caso, entendiéndose como una respuesta negativa que pone en la cuerda floja a una considerada líder del deporte en Risaralda, justamente al ser su hijo el presidente de la entidad donde ella es entrenadora departamental.
Deporte Cafetero continuará publicando sobre el caso de Amed Parra Castro hasta que sea la justicia o las autoridades deportivas las que determinen realmente qué fue lo que sucedió y si hay lugar a sanciones, por lo pronto se sostiene en la idea que debe dejar su cargo, pues la Liga Risaraldense de Fútbol de Salón firma contratos con entidades territoriales, con recursos de orden público, recursos que deben ser vigilados y las denuncias generan un manto de duda en la gestión del actual presidente.