Risaralda, a superar el discurso que obliga a las ligas a ganar

En este nuevo año 11 ligas del departamento quedarán desfinanciadas en sus programas por cerca de seis meses, producto de la reducción del presupuesto del Gobierno Nacional al deporte y la Ley de Garantías, aunque más allá de eso, hay un trasfondo que preocupa.

Nuevamente desde el despacho de deportes se tiene que tomar una decisión priorizando a los actores del deporte vinculados estrechamente en el programa de los altos logros, especialmente a los atletas que estaban siendo apoyados por sus federaciones deportivas.

El efecto de la reducción del presupuesto del gobierno central, se resume en que los deportistas no cuentan con algunos respaldos para cumplir con el calendario internacional, ahora, esta responsabilidad la deben asumir las entidades territoriales para no interrumpir los procesos, generando consecuencias internas en los departamentos en materia económica.

A esto se suma que, la Ley de Garantías, al ser un año electoral, obliga a las entidades territoriales a maniobrar presupuestalmente gran parte de la vigencia en tiempo récord sin perjudicar los ítems de ejecución del Plan de Desarrollo.

Todo bien hasta el planteamiento del problema; aunque la situación de Risaralda preocupa mucho más, por la desfinanciación en cuanto a contratación de entrenadores se refiere del «35 %» de los organismos aliados de la gestión.

Estamos hablando de 11 entidades, entre las que se encuentran béisbol, sóftbol, motociclismo, jiu-jitsu, patinaje, billar, fisicoculturismo, baloncesto, muay thai, tejo y fútbol de salón.

Los gobiernos no están para premiar, sino para garantizar

Desde los principios básicos de la administración pública los conceptos le confieren al Estado el papel garantista hacia el bienestar de los ciudadanos, indistintamente si integran organismos que se rigen bajo el derecho privado, o si hacen parte de ligas ganadoras.

Al cierre del 2025 se leía un artículo en la revista Risaralda Casta de Campeones, donde Sergio Gómez, director de deportes del departamento, de manera astuta habla de una gestión asimétrica alrededor del deporte en Risaralda, haciendo una referencia a los altos logros y el renombrado esfuerzo de los atletas, paralelamente sugiriendo un desbalance en las acciones de los diferentes actores.

Risaralda comete un error al creer que el deporte solo funciona con medallas, el Estado tiene que ser garantista con esos ciudadanos que no se suben al podio y que en definitiva son aliados de la gestión en el plano del desarrollo deportivo, que no es igual al desarrollo competitivo. Esa mirada miope, resultadista, impide una valoración sensata de los esfuerzos en cada una de las orillas.

A la altura del año 2026 persistimos en exigir a la dirigencia de las ligas deportivas gestión económica para sacar adelante en materia competitiva al departamento, con lo retador que termina siendo en departamentos demográficamente tan reducidos, siquiera, conseguir la hidratación para un campeonato, los tiquetes para un torneo o hasta la misma inscripción federativa a algunos atletas de escasos recursos.

Cualquiera que haya trabajado los últimos 10 años en el sistema departamental del deporte y realmente conozca su estructura, entiende las motivaciones de esta columna. No existe un modelo de gestión clara, y el propuesto por William Cano asfixió a un actor clave, el padre de familia, que terminó denunciándolo y llevándolo al exilio.

Otros como Cristián Henao, le dieron continuidad a esa línea, pero realizando un ejercicio sustentado en una economía híbrida, enlazando gestión pública con elementos de la administración de la empresa privada. Sin que todavía se haya vislumbrado grandes efectos en los modelos de gestión, porque fue otro presidente que terminó fuera del organismo deportivo.

Esto se justifica en este argumento: no existe una liga hoy en Risaralda, que prescinda de los recursos del Estado para operar. Ni las más favorecidas por el nivel socioeconómico de sus adscritos como tenis, tiro deportivo o tiro con arco, pueden darse el lujo de decirle al Estado: «no lo necesitamos».

La gestión que no se ve

Se le exige gestión a un presidente de liga al que no se le paga un honorario, se le pide gestión a la administración de una liga que opera sin escenario deportivo, se le pide gestión a un dirigente que empeña su vehículo para que sus atletas vayan a un evento federado, o que tiene que pedir créditos bancarios que luego logra suplir con los contratos de apoyo de las entidades públicas, sacando de su bolsillo el pago de los intereses.

Termina en un desgaste innecesario que desde el periodismo cada tanto, nos veamos en la obligación de recordar al interior del despacho de deportes, que su misionalidad está cobijada por la Ley del Deporte (181 de 1995), que desde su artículo 4° habla de derechos sociales. Que la contratación de entrenadores no se debe enmarcar en un principio resultadista, sino en un derecho al trabajo de un actor clave en la promoción consecuente del derecho constitucional al deporte y la recreación. Validando un derecho, se convalidan otros.

Distorsión de la misionalidad

En pocas palabras, existe una distorsión de la misionalidad desde el planteamiento y construcción de las metas del Plan de Desarrollo, que relegan el desarrollo y le dan prioridad a la competencia, derivando esta en situaciones como la desfinanciación de estas 11 ligas. Claro está, que sin este enfoque Risaralda no sería la quinta potencia deportiva de Colombia, pero es más claro todavía que sin el apoyo de las ligas tampoco.

El así como se entiende que el 70 por ciento de la oferta institucional de la secretaría no funciona sin las ligas como entidades departamentales legalmente amparadas en la Ley del Deporte. Nos guste o no la codependencia es mutua, porque la Gobernación de acuerdo a la estructura del Sistema no debería contratar con clubes.

Dicen que todos los caminos conducen a Roma, pues que todos los caminos conduzcan a comprender que Risaralda no hubiera logrado el quinto puesto a nivel nacional, sin el engranaje de todos los actores del ecosistema, un concepto clave que empezamos a utilizar en tiempos de Ana Lucía Córdoba y que hasta la fecha se mantiene vigente.

Vulnerar los derechos de uno de los actores del ecosistema, es relegar la responsabilidad del Estado. Esas ligas sí o sí, deben estar financiadas, su desfinanciamiento en la contratación de entrenadores, desprenderá una grave irresponsabilidad en la manera cómo se está concibiendo el desarrollo deportivo en Risaralda.